Lecciones extraídas del último mandato durante el periodo 2019-2024
Las enseñanzas extraídas del último mandato de la Comisión Europea (2019-2024) ponen de manifiesto un gran aumento de la participación de las instituciones de la Unión Europea (UE) en cuanto a política tecnológica junto a otros socios. La institucionalización de diálogos con otros países ha propiciado la creación de plataformas estructuradas de confianza para el intercambio de información y, en algunos casos, para la toma conjunta de decisiones sobre hojas de ruta de aplicación. Ese es el caso del Consejo UE-EEUU de Comercio y Tecnología, el Consejo UE-India de Comercio y Tecnología, los Acuerdos de Asociación Digital con muchos países de la región del Indo-Pacífico como Japón, la República de Corea y Singapur, el lanzamiento de la Alianza Digital entre la UE y América Latina y el Caribe o el fortalecimiento de la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales.
Asimismo, este periodo fue testigo del primer impulso coordinado de los 27 Estados miembros a la diplomacia digital mediante la aprobación de las Conclusiones del Consejo de la UE en julio de 2022 sobre el establecimiento de un marco de diplomacia digital que sirva de paraguas para coordinar todas las acciones relativas a los aspectos exteriores de la política tecnológica de la UE. Se incluyen aquí cuestiones de seguridad –por ejemplo, las negociaciones en torno el Marco para un Comportamiento Responsable de los Estados sobre normas cibernéticas–, temas económicos –por ejemplo, inversiones de la Pasarela Mundial en terceros países o acuerdos sobre telecomunicaciones, 5G y cuestiones similares con otros socios– y otras iniciativas normativas de convergencia, como, por ejemplo, la creación de la Oficina de la UE en San Francisco, dedicada en exclusiva a dar difusión a los expedientes legislativos de política digital.
Ahora bien, mientras que la mirada de la UE se ha centrado desde 2019 en la soberanía y la autonomía estratégica abierta, el nuevo mandato arranca en 2024 con un cambio de paradigma hacia la seguridad económica. Asimismo, una segunda capa de esta transformación está marcada por la transición desde un enfoque regulador hacia un nuevo planteamiento orientado a la política industrial, la intervención pública y la competitividad como eje vertebrador de las transiciones digital y limpia, así como una línea de base de defensa más sólida.
Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024, estas transformaciones han incluido una dimensión internacional. En este capítulo se abordan los cuatro ángulos normativos principales que debería incluir el nuevo mandato para el periodo 2024-2029 en la dimensión internacional de la política digital de la UE:
- la dimensión institucional y de gobernanza, con la creación de la primera vicepresidencia ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia;
- el fortalecimiento y la mejora de la coordinación de las iniciativas de diplomacia digital;
- la dimensión tecnológica en la política de ampliación, sobre todo en los países candidatos a entrar a la UE;
- y la renovación de la agenda con la determinación de las prioridades y una hoja de ruta orientada a la acción para poner en práctica la Estrategia Europea de Seguridad Económica.
El impulso a las necesidades políticas derivado de los Informes de Draghi y Letta
Pese a que los Informes de Draghi y Letta versan en gran medida sobre las necesidades de política interna a nivel de la UE y en los Estados miembros, el aspecto internacional está presente tanto explícita como implícitamente.
En concreto, sus ideas principales ponen de manifiesto que el factor fundamental que explica la creciente brecha de productividad entre la UE y Estados Unidos ha sido la tecnología digital. La UE no consiguió aprovechar la primera revolución digital liderada por la red de redes en la década de 1990. En el presente, la tecnología de vanguardia se concentra en Estados Unidos (EEUU) (el 70 % de los modelos fundacionales de IA se desarrollan en EEUU y el 65 % del mercado europeo de la nube lo acaparan tres hiperescaladores estadounidenses, mientras que cinco de las 10 empresas principales relacionadas con el mundo cuántico se encuentran en EEUU y otras cuatro en China).
El Informe de Draghi constata que la UE se ha quedado muy rezagada. Sin embargo, pese a que el liderazgo de primera línea ya no es posible para muchas tecnologías, la UE tiene la oportunidad de mantener una presencia en ámbitos específicos en los que poder reducir las dependencias parcialmente o en los que convertirse en caso de que se produzca una correcta asignación de las inversiones. Es el caso de las soluciones para la “nube soberana”, espacio en el que Draghi aboga por una mayor seguridad y encriptación. Los segmentos seleccionados son la robótica autónoma, donde la UE representa en torno al 22 % de la actividad a nivel mundial, y servicios de IA como el análisis predictivo, la elaboración de previsiones, la optimización, la detección de fallos, los datos de inteligencia para empresas y las funciones empresariales.
Para conseguirlo, Draghi recomienda incrementar el gasto en I+D y dirigir la atención hacia la innovación rupturista. Establece una comparación con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) y organismos similares dedicados a la investigación avanzada. Otra recomendación es crear conglomerados de innovación más sólidos, puesto que, de los 10 centros mundiales de innovación más importantes, cuatro se encuentran en EEUU y tres en China. Además, fijándose en el plano internacional, Draghi propone seguir un modelo cercano al de EEUU o China para los grupos de operadores de redes móviles, que en esos dos países están muy concentrados frente a los 34 grupos de la UE. La fragmentación es un obstáculo para la competitividad.
Por lo que respecta a Letta, su informe “Much more than a market” (Mucho más que un mercado) aporta un enfoque innovador para la agenda internacional de la UE. Solamente será viable a través de una quinta libertad en investigación, innovación, datos, competencias, conocimientos y educación, con integración y, a continuación, con una posición coordinada de la UE en todo el mundo. Con este marco, la UE estará mejor preparada para posicionarse no solo como líder mundial para la fijación de normas internacionales de innovación y la divulgación de los conocimientos, sino también como creadora y artífice de nuevas tecnologías.
Estos mensajes también transmiten la idea de que una UE más integrada con sus 27 Estados miembros en el espacio digital fortalecería la agenda internacional de la UE.
Institucionalización de la dimensión internacional de la política digital de la UE: el nuevo Colegio de Comisarios
La creación del perfil de la primera comisaria propuesta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia (con una función de vicepresidencia ejecutiva) debería servir para situar la diplomacia digital en el centro de su hoja de ruta para la interacción internacional. En la carta de mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le pide a Henna Virkkunen que impulse la productividad mediante la difusión de las tecnologías digitales, el incremento de la competitividad digital de la UE, la intensificación de las inversiones en la siguiente oleada de tecnologías punteras –la computación cuántica, la supercomputación, los semiconductores, el internet de las cosas, la genómica y la tecnología espacial, entre otras–, además de solicitarle un plan a largo plazo de la UE sobre chips cuánticos.
Ante la capacidad limitada en cuanto a recursos, madurez tecnológica y actores de mercado competitivos en el territorio de la UE, la comisaria propuesta deberá canalizar estos avances a través de iniciativas de interacción internacional con socios importantes, elegidos en función del nivel de beneficio mutuo y su interés estratégico, asegurándose de que esas alianzas sean sostenibles y estén basadas en la igualdad de condiciones.
Además, la nueva vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica deberá garantizar la coherencia y complementariedad de las políticas digitales internas y externas, sobre todo en lo tocante a cuestiones delicadas relacionadas con la seguridad. Ese enfoque debería aplicarse a las asociaciones bilaterales y a las iniciativas en curso de cara a una gobernanza digital mundial. En el primer caso, se debe insistir para sacar el máximo partido de las iniciativas actuales de la UE en determinadas verticales tecnológicas y encontrar socios de confianza. Los semiconductores no se pueden desarrollar en exclusiva en la UE ni en ninguna otra región en solitario. La Unión debe aprovechar el presupuesto derivado de la Ley de Chips y las herramientas procedentes de la Empresa Común para los Chips (entre ellas, las líneas piloto y el desarrollo de capacidades de proceso) para concertar acuerdos de colaboración con terceros países.
Uno de los primeros resultados del Consejo de Asociación Digital UE-Japón fue un memorando para el establecimiento de una cooperación en cuanto a semiconductores que incluye un mecanismo de alerta temprana para la cadena de suministro de los semiconductores, investigación y desarrollo, competencias avanzadas para la industria, casos de uso de aplicaciones de semiconductores y transparencia en los subsidios. Por parte de la UE, todas las acciones de investigación en colaboración serán financiadas por el programa de investigación y desarrollo de Horizonte Europa, incluidas las acciones puestas en marcha a través de la Empresa Común para los Chips. Por lo que respecta a la República de Corea, se celebró el primer Foro Bilateral de Investigadores de Semiconductores. Del Consejo UE-India de Comercio y Tecnología surgió el primer memorando de entendimiento sobre semiconductores. Además, el CCT UE-EEUU creó un sistema de alerta temprana para las crisis en la cadena de suministro de los semiconductores.
No obstante, en este nuevo periodo se deberá ampliar el alcance de la colaboración para pasar del intercambio de información actual con I+D y un mecanismo de alerta temprana a una agenda más ambiciosa con la que poder aprovechar las inversiones conjuntas.
Otro ámbito en el que garantizar la complementariedad y la coherencia entre las acciones internas y externas es la IA. En este caso, la Oficina de IA debe consolidar su abanico de relaciones internacionales con personal que sepa trabajar en equipo para implicarse en aspectos concretos y tangibles del desarrollo técnico de la IA con terceros países. El establecimiento de redes con otras Oficinas de IA e Institutos de Seguridad de socios de confianza y la elaboración de listas de prioridades serán fundamentales para garantizar la sostenibilidad de las asociaciones técnicas (aparte de los diálogos sobre regulación). En el desarrollo técnico es donde puede surgir un liderazgo real gracias a la creciente integración de la IA en sectores no tecnológicos.
Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva deberá trabajar en el aspecto de la seguridad de la IA para garantizar la existencia de acuerdos internacionales vinculantes sobre un control humano considerable de funciones críticas de los sistemas desplegados en defensa que usen IA.
El segundo caso de la gobernanza internacional guarda relación con acciones tangibles como la hoja de ruta de aplicación del Pacto Digital Global impulsado por las Naciones Unidas, documento en cuyo contenido final ha influido la UE para promover una visión centrada en el ser humano. España ha sido uno de los cofacilitadores para garantizar esta aplicación y la UE debe desempeñar un papel activo al respecto. Además, los órganos internacionales de normalización de las TIC deberán ser uno de los objetivos de la nueva comisaria y vicepresidenta para incrementar la coordinación de la UE. Se trata de un aspecto clave para reducir las dependencias y fortalecer la capacidad en cuanto a tecnologías críticas. El Observatorio de Tecnologías Críticas de la UE puede ampliar su alcance y encargarse de posibles estudios políticos sobre cuáles son las tecnologías críticas para las que la UE debería asociarse específicamente con determinados países. Por ejemplo, Japón y la República de Corea han elaborado directrices de tecnologías nacionales fundamentales para la investigación fundamental, y ese podría ser un ámbito de cooperación sobre la base de los Acuerdos de Asociación Digital de la UE con ambos países.
Del mismo modo, el nuevo Colegio de Comisarios deberá reforzar los temas que han recibido una escasa atención desde la perspectiva y el enfoque de gobernanza de toda la UE. Es el caso de las infraestructuras de cables submarinos, para cuya seguridad y resiliencia formuló una Recomendación la propia Comisión Europea, además de proponer un incremento de la coordinación, una unificación de la cooperación técnica y un aumento de la financiación.
Impulsar y encomendar las iniciativas de diplomacia digital
Aunque, como ya se ha mencionado, durante el mandato 2019-2024 se crearon rápidamente asociaciones digitales internacionales con terceros países y otras regiones, la publicación de las Conclusiones del Consejo de la UE sobre Diplomacia Digital en julio de 2022 puso de manifiesto la importancia de alto nivel que revestía este tema, y no solo por parte de las instituciones de la UE, sino también por el apoyo de cada uno de los 27 Estados miembros.
Con el objetivo de trabajar en un planteamiento europeo más concertado, el acuerdo prevé cuatro pilares de actuación: objetivos estratégicos, propuestas fundamentales, mecanismos de ejecución y mejoras institucionales. Algunos de estos pilares ya se están poniendo en práctica, pero la mayoría necesitan alcanzar aún una madurez institucional y una mayor coordinación en los próximos años.
Por lo que respecta a los objetivos estratégicos, la UE debe tratar de posicionarse como líder mundial en diplomacia digital abanderando un enfoque tecnológico centrado en el ser humano y basado en derechos. Para la UE es esencial aprovechar su influencia geopolítica para forjar marcos de gobernanza digital que promuevan los derechos humanos universales, que defiendan el Estado de derecho y que refuercen los principios democráticos en la esfera digital. Además, la Unión debe dar prioridad al incremento de la soberanía digital mediante la reducción de las vulnerabilidades y dependencias críticas en tecnologías emergentes y fundacionales, garantizando en todo momento la resiliencia frente a presiones externas.
En cuanto a las propuestas fundamentales, la UE debe integrar por completo la diplomacia digital en su acción exterior. Esa integración implica armonizar las iniciativas de diplomacia digital con las políticas existentes, como son la Diplomacia Verde y la Ciberdiplomacia, para abordar de manera coherente las amenazas híbridas, los ataques cibernéticos y las campañas extranjeras de desinformación. La UE debe promover la colaboración internacional, asociándose con entidades globales como las Naciones Unidas, el G7, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para defender las pautas democráticas y abogar por una internet estable, abierta y segura, regida por principios multipartitos. Debe asumir también un papel protagonista para influir en el desarrollo de normas tecnológicas éticas gracias a su presencia consolidada en los órganos mundiales de normalización.
La UE debe promover por iniciativa propia sus políticas digitales internas a nivel mundial, asegurándose de que marcos reglamentarios como la visión de la Brújula Digital para 2030 vayan calando en el plano internacional. La defensa de enfoques de gobernanza que busquen un equilibrio entre la innovación y el uso ético y responsable de la tecnología debe seguir siendo un pilar central. Otra prioridad debe ser facilitar una transición digital sostenible mediante el uso de herramientas digitales para avanzar en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, hacer frente al cambio climático y construir infraestructuras digitales resilientes, en particular en regiones con notables disparidades tecnológicas.
Para contrarrestar las actividades maliciosas en la esfera digital, la UE debe reforzar sus políticas de lucha contra los ciberataques, la desinformación y las injerencias encomendadas por otros Estados. Deben seguir desarrollándose y desplegándose mecanismos como el llamado “conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia”, junto con otras iniciativas para hacer frente al discurso del odio y los contenidos violentos en la red. Estas medidas salvaguardarán los procesos democráticos, promoverán la confianza pública y protegerán el ecosistema digital de usos indebidos.
En lo que atañe a los mecanismos de ejecución, la UE debe centrarse en forjar y reforzar alianzas para llevar a la práctica sus objetivos en materia de diplomacia digital. Deben ampliarse las colaboraciones existentes como el Consejo UE-EEUU de Comercio y Tecnología para avanzar hacia la consecución de objetivos comunes. Además, la Unión debe integrar las inversiones en infraestructuras digitales con la promoción estratégica de soluciones tecnológicas y la convergencia normativa mediante paquetes de economía digital.
La UE debe interactuar con un abanico más amplio de partes interesadas, entre ellas el mundo académico, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras para afrontar retos como la seguridad y la privacidad de los datos. La promoción europea de prácticas empresariales y modelos de gobernanza de datos éticos servirá para que la UE dé ejemplo y aumente su influencia a la hora de confeccionar políticas digitales.
En cuanto a las mejoras institucionales, la UE debe invertir en capacitación y desarrollo institucional. Formar al personal diplomático en diplomacia digital potenciará los conocimientos técnicos y facilitará el posicionamiento geopolítico estratégico. Se deben crear centros regionales de diplomacia digital situados en delegaciones importantes de la UE para racionalizar las iniciativas y reforzar la capacidad de alcance. Además, la UE debe desarrollar mecanismos sólidos de supervisión de la evolución tecnológica mundial, de modo que pueda abordar con eficacia las posibles implicaciones para la soberanía y la seguridad digital. Los informes y las evaluaciones periódicas sobre el impacto de las tecnologías digitales para la democracia y los derechos humanos deben servir para garantizar la armonización con los valores centrales de la UE.
Asimismo, debe prestarse atención a factores externos como las elecciones estadounidenses para garantizar que el Consejo UE-EEUU de Comercio y Tecnología siga adelante como ejemplo de plataforma tangible que aporta medidas específicas y favorece los ámbitos de cooperación conjunta. Hace falta generar confianza para garantizar la competitividad tecnológica en el seno de la UE y con socios externos.
Ampliación de la UE y países candidatos
Los países candidatos para la adhesión a la UE deben ser un elemento de peso en las iniciativas de diplomacia digital de la Unión. Muchos países han avanzado en el cumplimiento de los elementos exigidos por la UE para la adhesión, entre ellos Ucrania, Georgia y Moldavia.
La convergencia y la coherencia en cuestiones de política digital, donde se incluyen las telecomunicaciones, las normas técnicas, los mecanismos de certificación de la seguridad cibernética, las comunicaciones electrónicas o la transmisión de datos personales, son ámbitos en los que la UE debe implicarse más, no solo desde el punto de vista de la política interior, sino también en política exterior. Asimismo, los países candidatos son objeto de injerencias de terceros a través de elementos como la desinformación, o bien son especialmente vulnerables en aspectos como la seguridad y la resiliencia de cables o centros de datos. La interacción internacional de la UE debe centrarse en garantizar que se solventen esas vulnerabilidades y que no se produzcan injerencias perniciosas de países antiliberales.
En estos momentos, los países candidatos son Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania. Según la Comunicación de 2024 sobre la política de ampliación de la UE, hay varios ámbitos en los que deberían centrarse todos los países candidatos: la digitalización del sistema de justicia, el fortalecimiento de las infraestructuras digitales, políticas económicas orientadas a las transiciones limpia y digital, la interoperabilidad de elementos tecnológicos como la cartera de identidad (por ejemplo, la cartera de identidad digital de los Balcanes o la iniciativa WiFi4EU en los Balcanes Occidentales), la inclusión de la región en los centros europeos de innovación digital, la conectividad regional mediante infraestructuras digitales para los sectores del transporte y la energía, acuerdos de convergencia normativa de las comunicaciones electrónicas, acuerdos de itinerancia con los operadores de telecomunicaciones, la convergencia con el conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G, marcos de resiliencia cibernética, la facilitación del desarrollo de infraestructuras de investigación, parques científicos y tecnológicos, la promoción de mecanismos de transferencias de tecnologías y medidas de apoyo a la innovación.
Albania tiene que prestar atención a varios ámbitos para adecuarse a las normas de la UE y mejorar la integración digital. En comunicaciones electrónicas, la implantación del número 112 de emergencias está incompleta, y el acceso fijo a internet de banda ancha sigue siendo desigual, sobre todo en zonas rurales. Los servicios digitales requieren de esfuerzos para garantizar un acceso igualitario y la armonización con los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales. En cuanto a competencias digitales, hace falta que se logren nuevos avances para expandir los programas formativos y educativos en materia de TIC. La seguridad cibernética exige prestar una mayor atención a proteger las infraestructuras críticas, poner en funcionamiento el nuevo centro nacional de operaciones de seguridad, aprobar el plan de acción en materia de ciberseguridad y aumentar la cooperación con el sector privado. Hay actualizaciones legislativas pendientes en cuanto a identificación electrónica para ajustarse al marco de identidad digital de la UE y a la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Es necesario liberar la banda de 700 MHz para las comunicaciones móviles, incluida la red 5G, para evitar interferencias con los países vecinos. Además, hay que introducir mejoras en la recopilación de datos estadísticos para cumplir con las normas del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. Por último, en lo que concierne a los medios de comunicación, la Autoridad de Medios Audiovisuales necesita dotarse de mejores recursos para incrementar su capacidad de supervisión e información, sin que se hayan producido novedades legislativas importantes desde la aprobación del Código de Radiodifusión en 2023.
Bosnia y Herzegovina se enfrenta como país a grandes dificultades para ajustarse a las normas de la UE en los ámbitos normativos del mundo digital y los medios de comunicación. Carece de una estrategia de banda ancha, no ha armonizado sus leyes de comunicaciones electrónicas con el acervo de la UE y experimentará retrasos en la concesión de licencias 5G hasta 2026 como mínimo. El Organismo Regulador de las Comunicaciones adolece de una gran falta de independencia política y financiera, y el mandato de su consejo expiró en 2017. Para los servicios digitales, no existe ninguna estrategia nacional, ni tampoco una política sobre datos abiertos ni una transformación coordinada, por lo que sería necesaria una armonización con algunos marcos de la UE como el Reglamento de Servicios Digitales. La seguridad cibernética está poco desarrollada y no existen estrategias nacionales, marcos legislativos ni infraestructuras de ciberseguridad como equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT). Además, sigue sin plantearse la legislación sobre interoperabilidad de identidades y firmas electrónicas. En medios de comunicación, a pesar de los avances obtenidos en cuanto a radiodifusión digital, las emisoras públicas carecen de sostenibilidad financiera e independencia política, por lo que resulta necesario reformar la recaudación de tasas y la gobernanza para adecuarse a las normas de la UE y reducir la influencia política.
Montenegro ha logrado avances hacia la armonización con las normas de la UE, pero sigue teniendo que prestar atención a ámbitos normativos fundamentales. En cuanto a las comunicaciones electrónicas, si bien la legislación nacional se ajusta al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, el Gobierno debe aprobar un plan nacional para el desarrollo de infraestructuras de banda ancha y ceñirse a la Ley de la Infraestructura de Gigabit. En lo relativo a la seguridad cibernética, Montenegro debe implantar un organismo de ciberseguridad, cumplir con los requisitos en materia de infraestructuras críticas, aplicar el conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G y ajustarse a la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Hace falta destinar más esfuerzos a la armonización con el marco de la UE de identidad digital y servicios de confianza. En lo que atañe a los servicios digitales, Montenegro debe acelerar su adecuación a los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales para garantizar la capacidad de previsión de las empresas. Por último, en el sector de los medios de comunicación, Montenegro debe garantizar el correcto funcionamiento de su regulador audiovisual reestructurado, AMU, fortalecer su capacidad de supervisión del mercado audiovisual y promover la alfabetización mediática para consolidar los avances legislativos recientes y la participación en programas culturales.
Macedonia del Norte debe solventar varias carencias normativas para hacer avanzar su transformación digital y ajustarse a las normas de la UE. El país aún debe aprobar una estrategia de TIC a largo plazo y una estrategia nacional de seguridad cibernética, y el Ministerio de Transformación Digital debe desarrollar su capacidad para la coordinación eficaz de políticas. En comunicaciones electrónicas, está pendiente la adecuación a la Directiva de la UE sobre la reducción de los costes de la banda ancha, además de que la independencia del regulador sigue siendo un motivo de preocupación tras la destitución de la Comisión de la Agencia para las Comunicaciones Electrónicas. La cobertura de banda ancha fija es destacable, pero hay margen de mejora en cuanto a los servicios de emergencias del número 112. Los servicios digitales deben mejorarse, puesto que muchos servicios críticos como la emisión de documentos personales aún no están disponibles a través de la red y se aprecian actualizaciones incompletas del portal electrónico nacional. Debe darse prioridad a la armonización con el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales y el Marco Europeo de Interoperabilidad. En lo referente a la seguridad cibernética, es esencial aprobar una ley de seguridad de las redes ajustada a la Directiva SRI 2 que establezca el centro nacional de ciberseguridad, así como prestar atención al coste y la usabilidad de las herramientas de identificación electrónica. Las dificultades a las que se enfrenta el sector de los medios de comunicación son los retrasos en la designación de los miembros del organismo regulador, la mejora de la supervisión de nuevos formatos mediáticos y la inquietud derivada de la reintroducción de publicidad gubernamental en los medios de comunicación privados. Por último, siguen siendo objetivos críticos la armonización con la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la expansión del acceso a la banda ancha en zonas con un servicio insuficiente.
Georgia no cuenta con una estrategia digital general pese a haber anunciado como prioridades la inteligencia artificial (IA) y la agrotecnología. En cuanto a comunicaciones electrónicas, si bien se han hecho avances para la adopción de los reglamentos de la Directiva sobre el comercio electrónico y la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha, Georgia aún tiene que adecuarse al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, el Reglamento sobre bloqueo geográfico y las relaciones entre plataformas y empresas. El despliegue en curso del 5G deja patente el alineamiento con las normas de la UE, pero hace falta un mayor desarrollo. Los servicios digitales deben mejorarse de manera considerable, con una armonización parcial en cuanto a reutilización de datos abiertos y unos avances limitados en lo relativo a los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales. También es necesaria la adecuación al RGPD, la Ley de IA y las mejores prácticas de la UE en cuanto a innovación en IA. Por lo que concierne a la seguridad cibernética, a la estrategia nacional le vendría bien ceñirse más a la Directiva SRI 2, y hace falta un marco nacional de interoperabilidad que se ajuste al Marco Europeo de Interoperabilidad para mejorar los servicios digitales transfronterizos. La regulación de los medios de comunicación ha mejorado con las enmiendas introducidas en la legislación de radiodifusión sobre la protección de los menores y la autorregulación, pero se debe proteger la independencia del regulador nacional de los medios. Por último, Georgia ha hecho avances en cuanto a alfabetización mediática e informativa al integrarla en la educación formal, capacitar al profesorado y desarrollar recursos, pero hace falta un esfuerzo continuo para mejorar la alfabetización digital de manera más generalizada.
Moldavia ha hecho avances en cuanto a transformación digital al crear un Consejo Nacional para la Transformación Digital en 2023, encargado de ejecutar la estrategia 2023-2030. Ha empezado a ajustarse al acervo de la UE en materia de itinerancia y al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, mientras que el organismo regulador nacional (ANRCETI) ha asumido la gestión de la radiofrecuencia civil. Moldavia ratificó su adhesión al Programa Europa Digital en mayo de 2024, lo que abre oportunidades para proyectos de la UE. Sin embargo, sigue siendo insuficiente la armonización con el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales y las políticas en materia de datos abiertos. Por lo que respecta a la seguridad cibernética, la recién establecida Agencia de Ciberseguridad debe seguir reforzándose en el plano operativo, y se están introduciendo mejoras en la regulación de los medios.
Serbia debe garantizar la plena independencia operativa y financiera del Organismo Regulador de las Comunicaciones Electrónicas (RATEL) y mejorar su capacidad administrativa. Pese a que el país aprobó una nueva estrategia de comunicaciones electrónicas en 2024, sigue sin contar con una ley de banda ancha ni una legislación para la subasta de frecuencias 5G. Asimismo, debe ajustarse a los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales, a la Directiva de la UE sobre datos abiertos y a la Ley de IA a más tardar en 2025. En cuanto a la seguridad cibernética, hace falta una mayor armonización con la Directiva SRI 2 y con el marco europeo de identidad digital. Se están logrando mejoras en la regulación de los medios, pero sigue habiendo preocupación en torno a la independencia, el pluralismo mediático y la plena aplicación de la legislación sobre medios de comunicación.
En Turquía, pese a la expansión del mercado del comercio electrónico, hace falta ajustarse a los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales. La legislación nacional actual en materia de servicios digitales, como la Ley de Redes Sociales y la Ley sobre Desinformación, entra en conflicto con los principios de la UE sobre libertad de expresión. Los servicios públicos de Turquía han ido en aumento, pero debe haber una armonización con el Marco Europeo de Interoperabilidad. La competencia en banda ancha sigue siendo escasa y los avances en la contratación de 5G son lentos. Turquía debe mejorar en cuanto a seguridad cibernética, seguir aplicando el conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G e incrementar la claridad e independencia de la regulación de los medios de comunicación.
Ucrania ha logrado avanzar en la armonización de sus comunicaciones electrónicas y sus servicios digitales con las normas de la UE, donde se incluye la adopción de la legislación de la Unión en materia de itinerancia y el trabajo efectuado en torno al marco regulador para la política sobre el espectro radioeléctrico, si bien los problemas de seguridad están retrasando la liberación de la banda de 700 MHz. El país sigue desarrollando su sistema de gobernanza electrónica con la vista puesta en la armonización con el Marco Europeo de Interoperabilidad y el Reglamento de Servicios Digitales. Ucrania ha avanzado de forma considerable en confianza digital y seguridad cibernética al ajustarse al Reglamento sobre la Identidad Digital Europea e implantar una estrategia nacional de ciberseguridad. Por lo que respecta a los medios de comunicación, la legislación de Ucrania se ajusta a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, pese a que siguen restringiéndose los canales de televisión rusos por cuestiones de seguridad.
Si bien no se sabe ni cuándo ni qué países lograrán acceder a la UE, la política de ampliación de la Unión será un elemento central en los próximos años, y la política digital es un elemento importante por sus repercusiones para la seguridad, la resiliencia y la competitividad económica de la UE.
Reforzar la voz de los Estados miembros en la propuesta de Estrategia de Seguridad Económica de la UE y sus iniciativas conexas
La Comisión Europea propuso en verano de 2023 una Estrategia de Seguridad Económica única en su género cuyo objetivo consiste en hacer frente a los riesgos para la seguridad económica derivados de ciertas actividades y flujos económicos que podrían seguir siendo vulnerables o verse en peligro en el contexto actual de tensiones geopolíticas y aceleración de la evolución tecnológica.
El enfoque de la Estrategia Europea de Seguridad Económica se basa en tres pilares: la promoción de la base y la competitividad económicas de la UE, la protección frente a riesgos y la asociación con países con los que comparta inquietudes e intereses. Los cuatro ámbitos que exigen una evaluación de riesgos son la resiliencia de las cadenas de suministro, donde queda incluida la seguridad energética; la seguridad física y cibernética de las infraestructuras críticas; la seguridad y la fuga de tecnologías; y el empleo de la coerción y la dependencia económica como armas.
En concreto, uno de los primeros resultados ha sido la lista de tecnologías críticas propuesta por la Comisión Europea, en la que se anima a los Estados miembros a presentar sus evaluaciones de riesgos, que derivará en una labor colectiva de determinación de las medidas precisas y proporcionales que se deberán tomar para promover y proteger ámbitos tecnológicos específicos y forjar las alianzas correspondientes. El objetivo es doble: reducir las dependencias de terceros cuya cadena de suministro o seguridad política puedan ser de alto riesgo y promover una diversificación de los activos estratégicos por toda la Unión de la mano de socios de confianza.
La propuesta de la Estrategia Europea de Seguridad Económica hace hincapié en la cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE para reforzar la seguridad económica en sus distintas dimensiones. Las acciones fundamentales para los Estados miembros son desarrollar un marco común para la evaluación de riesgos económicos, en particular por lo que respecta a tecnologías críticas, y entablar un diálogo estructurado con el sector privado para mejorar la gestión de riesgos. Se insta también a los Estados miembros a coordinarse en cuanto al control de las inversiones extranjeras, la gestión de los riesgos de las inversiones hacia el exterior y la mejora de la seguridad de la investigación en toda la Unión. Además, cabe esperar iniciativas nacionales de armonización con las iniciativas de la UE sobre controles a la exportación, tecnologías de doble uso y herramientas de seguridad cibernética.
Para conseguirlo, los Estados miembros, entre ellos España, Grecia, Italia y Portugal, deben reflexionar sobre sus propios planteamientos nacionales para promover la innovación, proteger nuestra competitividad y nuestras competencias tecnológicas y aliarse con socios de confianza de fuera de la UE, además de fortalecer la cooperación entre los propios Estados miembros.
La cooperación y la coordinación con los Estados miembros revisten una especial importancia por el estado general negativo del liderazgo de la UE en cuanto a tecnologías críticas. Según el informe sobre la brecha en tecnologías críticas elaborado por Digital Europe, la UE se enfrenta a tres grandes retos para recuperar su posición como líder tecnológico mundial:
- Problemas de escalabilidad: la fragmentación dentro del mercado único y la ausencia de una estrategia unificada limitan la posibilidad de que las empresas de la UE crezcan y compitan a nivel internacional.
- Déficits de inversión: Europa va a la zaga de Estados Unidos y China en inversiones para tecnologías críticas que requieren de mucho capital, con una financiación pública fragmentada e ineficiencias en la comercialización de la investigación.
- Escollos normativos: Las estrictas reglamentaciones de la UE, sin parangón en ningún otro lugar, crean una desventaja competitiva para las empresas europeas al impedirles crecer y ampliar sus miras dentro de la región.
La UE está quedando rezagada en materia de tecnologías críticas, en un momento en el que Estados Unidos lleva la voz cantante en la mayoría de los sectores y China sobresale en cuanto a tecnologías energéticas. A pesar de sus fuertes capacidades en I+D, la UE se ve en dificultades para ampliar, fabricar y comercializar las innovaciones. El déficit de inversión considerable en IA, computación cuántica y tecnologías del espacio es un obstáculo para la competitividad. Además, la complejidad de las reglamentaciones y las restricciones para acceder a financiación ponen trabas al crecimiento empresarial, mientras que la escasez de talento tecnológico en ámbitos fundamentales exacerba el problema.
Si desea seguir siendo competitiva, la UE debe fortalecer sus asociaciones mundiales, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, aprovechar su liderazgo en cuanto a normalización internacional y determinar las prioridades, los plazos, los resultados esperables y los mecanismos de coordinación para alcanzar sus objetivos durante el periodo 2024-2029.
(*) Traducción al español del capítulo original en inglés incluido en la publicación conjunta de PromethEUs “A Blueprint for the Digital Priorities for the New EU Mandate”, publicada el 9 de diciembre de 2024.
Imagen: Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, durante un Facebook Live en la página del PE en 2022. Foto: Daïna Le Lardic – EP / ©European Union, 2022.
Fuente: Noticia original
