La semana pasada marcó un hito significativo en la aún corta, pero prometedora, gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las encuestas sobre su desempeño en los primeros 100 días de gobierno la posicionan con niveles de aprobación superiores al 70%, consolidándose como una de las mandatarias con mayor respaldo ciudadano en este periodo inicial. Este notable apoyo quedó evidenciado en un Zócalo abarrotado de simpatizantes, donde Sheinbaum fue acompañada por altos funcionarios de su administración, gobernadores de todas las fuerzas políticas y diversos líderes nacionales.
Durante el evento, la presidenta destacó el logro histórico de que una mujer ocupe por primera vez la presidencia de México, un momento que calificó como un parteaguas en la vida democrática del país. En su discurso, Sheinbaum también hizo un llamado a la unidad nacional frente a los retos globales y la inminente llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, subrayando la necesidad de mantener la estabilidad y la cooperación internacional.
Para culminar esta etapa de intensa actividad política, el lunes siguiente al informe, Sheinbaum presentó el ambicioso «Plan México». Esta propuesta económica busca relanzar al país a través de estrategias integrales que incluyen el fortalecimiento de la infraestructura, el desarrollo sostenible y la generación de empleos bien remunerados.
El plan presentado establece una ambiciosa hoja de ruta para transformar la economía y el desarrollo social de México. Entre sus objetivos más destacados se encuentra posicionar al país dentro de las 10 economías más importantes del mundo, incrementando la proporción de inversión en relación con el PIB. Asimismo, se busca generar 1.5 millones de empleos adicionales en sectores estratégicos como la manufactura especializada, y alcanzar que el 50% de la proveeduría y el consumo nacional sean de origen mexicano en áreas clave como la automotriz, aeroespacial, electrónica, semiconductores, farmacéutica y química.
Una pregunta crucial que surge es si el país realmente está preparado para llevar a cabo la implementación de este ambicioso proyecto, considerando que el factor político se presenta como un arma de doble filo. Por un lado, puede ser el motor que impulse las transformaciones necesarias, pero, por otro, puede convertirse en el principal obstáculo para su éxito. Un ejemplo evidente de esta dualidad es la reforma judicial, que ha generado preocupación entre diversas agencias calificadoras internacionales. Estas han advertido que dichas reformas podrían poner en riesgo no solo la estabilidad política del país, sino también las condiciones necesarias para atraer inversión, al generar incertidumbre respecto al estado de derecho y la seguridad jurídica. Estas inquietudes no han logrado frenar el animo reformador del Poder Legislativo que ha continuado con las reformas que han eliminado contrapesos indispensables en el país.
Desde el inicio de la administración, los principales esfuerzos se han centrado en atender el tema de la seguridad mediante diversas estrategias y herramientas. Entre estas medidas se encuentra el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad, el despliegue de operativos como el denominado «Enjambre», y un incremento en la presencia de las fuerzas de seguridad en diversas regiones del país.
A pesar de estos esfuerzos, la efectividad de estas políticas se ha visto limitada por factores políticos y administrativos. Aunque uno de los pilares centrales es la coordinación, parece difícil que esta se logre cuando los gobernadores de los estados con mayor inseguridad fungen como simples espectadores de la violencia que azota a sus estados. Esta situación pone de manifiesto las serias dificultades en la coordinación y ejecución de las estrategias diseñadas.
En el ámbito económico, la situación del país se ve seriamente afectada por los altos niveles de endeudamiento y los elevados costos asociados a proyectos de gran envergadura, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Estos proyectos, lejos de generar las utilidades esperadas, se han transformado en pasivos que arrastran las finanzas públicas, limitando la capacidad del gobierno para impulsar un desarrollo económico sostenible.
La falta de rentabilidad de estas obras plantea interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. En lugar de generar los ingresos necesarios para fomentar el crecimiento económico, estos proyectos se han convertido en una carga financiera, poniendo en peligro la estabilidad fiscal del país.
En la presentación, quedó claro que la presidenta tiene como objetivo lo mejor para México, y su ambicioso plan es una muestra de que tiene bien definidos los fines que busca alcanzar. Sin embargo, lo que no queda claro es si dispone de los recursos y medios. Esta parece ser la gran paradoja del plan que ha presentado: México tiene el potencial para convertirse en una nación muy grande, pero la verdadera pregunta es si la clase política que la rodea quiere lo mismo.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
Fuente: Noticia original
