La repetición de errores históricos en la 4T
La presidenta Claudia Sheinbaum tenía ocho años cuando Luis Echeverría llegó al poder. Probablemente no lo recuerda, pero el modelo económico que intenta revivir su administración tiene un antecedente claro y un desenlace desastroso.
En los años setenta, el Estado apostó por competir con la iniciativa privada a través de empresas estatales, un proyecto que colapsó la economía y llevó al país a una de sus peores crisis financieras. Hoy, la historia se repite con Mexicana de Aviación, el Tren Maya y los hoteles administrados por la Sedena.
El problema no es solo la falta de rentabilidad, sino que estas empresas estatales están siendo sostenidas con recursos públicos sin una visión clara de competitividad. La deuda de Pemex, que cerró 2024 con 97 mil millones de dólares, es la mejor prueba de que cuando el Estado insiste en jugar a ser empresario, el resultado es catastrófico.
Insaculación de jueces: una tómbola en la justicia mexicana
Mientras la economía enfrenta desafíos, el Poder Judicial sufre una de sus mayores crisis en la historia.
El Senado ha decidido que la mejor manera de seleccionar jueces y magistrados es por insaculación, es decir, por sorteo. En lugar de elegir a los mejores perfiles con base en méritos y trayectoria, el destino de la justicia queda en manos del azar.
Esto significa que las futuras decisiones judiciales podrían estar en manos de personas sin experiencia o sin la formación necesaria para impartir justicia de manera imparcial. ¿Es esto lo que necesita México en un momento de crisis institucional?
El populismo judicial: la ministra del pueblo
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado que su nombre aparezca en la boleta electoral de la próxima elección de ministros con el sobrenombre de «Ministra del Pueblo».
El Poder Judicial no representa al pueblo, sino a la justicia, y su independencia es clave para el equilibrio de poderes. La idea de que los jueces se alineen con la opinión pública o con intereses políticos es un peligro para el Estado de derecho.
Si la justicia se somete a la percepción popular, el país podría caer en un escenario en el que las decisiones judiciales se tomen con base en emociones y linchamientos mediáticos, en lugar de hechos y pruebas.
El caso Fofo Márquez y la influencia de la presión mediática en la justicia
El reciente caso de Fofo Márquez, quien recibió 17 años de prisión por intento de feminicidio, ha generado un fuerte debate sobre el papel de la opinión pública en las sentencias judiciales.
Si bien la brutal agresión del influencer contra una mujer en un estacionamiento causó indignación legítima, la aplicación de una pena tan alta ha sido vista por algunos sectores como una respuesta más mediática que jurídica.
Este caso refleja cómo la presión social puede influir en las decisiones de los jueces, un peligro que se agrava con la reforma judicial impulsada por la 4T, donde los nuevos magistrados podrían alinear sus decisiones con la agenda política o la opinión pública.
El ataque a la reputación como estrategia política
En México, la reputación de las víctimas y los acusados se ha convertido en moneda de cambio en la política y en el sistema de justicia.
El caso de Fofo Márquez es un ejemplo de cómo un personaje polémico puede recibir un castigo ejemplarizante, mientras que en otros casos, cuando la víctima no tiene una imagen «digna», se cuestiona su integridad antes de investigar los hechos.
A nivel internacional, esta práctica también es evidente. En Estados Unidos, el discurso de Donald Trump ha criminalizado a los migrantes sin evidencia, asociándolos con delitos sin pruebas concretas, lo que ha permitido justificar políticas de deportación masiva.
México también ha normalizado esta narrativa. Cada vez que un ciudadano es asesinado, la primera versión oficial es que estaba involucrado en actividades ilícitas, sin que existan pruebas. La justicia debería basarse en hechos, no en hipótesis que encubren la falta de investigación real.
¿Hacia dónde va México?
La combinación de un modelo económico que ya fracasó, una justicia manipulada por intereses políticos y un debilitamiento del Estado de derecho plantea un futuro incierto para México.
El país necesita urgentemente:
- Un Poder Judicial independiente, con jueces elegidos por méritos y no por sorteo.
- Empresas estatales que sean rentables, no lastres financieros.
- Respeto a la reputación y a la presunción de inocencia, sin juicios mediáticos.
- Un Estado que garantice seguridad y justicia, en lugar de jugar a ser empresario.
México está en un punto crítico. Si no se corrigen estos errores, el país podría enfrentar un colapso institucional que debilite aún más la confianza en la democracia.
Entre la justicia y el populismo
El gobierno de la 4T está tomando decisiones que comprometen el futuro de México. Desde su intento de controlar la economía hasta su manipulación del Poder Judicial, el país se aleja cada vez más de una democracia funcional y un Estado de derecho sólido.Las próximas decisiones serán cruciales. Si México no corrige el rumbo, la crisis de gobernabilidad será inevitable.
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