Una izquierda timorata gobierna la Ciudad de México. O al menos eso parece al observar el desarrollo que ha tenido la regulación de Airbnb.
Luego de que el año pasado se anunciara con bomba y platillo la aprobación de una reforma para regular a las plataformas de rentas temporales, ahora el Gobierno de la capital ha decidido de facto no aplicarla. La Ciudad de México se encuentra “negociando” la aplicación de la ley con un puñado de propietarios de Airbnb y plataformas que ejercen fuertes presiones.
Dentro de la facción de Morena que gobierna la capital, muchas de las excusas presentadas por las plataformas de renta temporal han calado profundo. Una de las más agraviantes, porque parece salida del manual del PAN, es que es mejor permitir que haya Airbnb para que florezca la Fórmula 1.
Esto es francamente increíble. Es inaudito que el mismo partido, Morena, que en su momento se ufanó en no subsidiar a la Fórmula 1 con dinero público, ahora esté “dialogando” la posibilidad de financiarla indirectamente al mismo evento deportivo con regulación a modo. Todo a costa de la crisis de vivienda.
Otra excusa que ronda las mesas de negociación son los “estudios” realizados por el propio Airbnb. Según esta “evidencia”, no es necesario regular a las plataformas de renta temporal porque no son responsables de la crisis de vivienda. Este argumento es tramposo.
Por supuesto que las plataformas no son la única causa de la crisis, pero ello no quiere decir que hacerlo no contribuya a atemperarla. En la Ciudad de México existen 26.000 espacios listados en Airbnb y el 65% de estos son viviendas completas, según datos de la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina. Esto significa que, tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc, epicentro de la epidemia de renta temporal, Airbnb controla una de cada siete viviendas habitadas (INEGI y HIL-AC).
Regularlas no resolverá el problema de vivienda de la ciudad completa, pero sí sumará a resolver una parte porque abrirá espacios de renta de largo plazo y, sobre todo, erradicará el perverso incentivo de “construir para Airbnb”. Es decir, la moda de realizar proyectos inmobiliarios en las zonas con mejores servicios públicos de la capital exclusivamente para renta temporal.
Los “estudios” que la Ciudad de México está recibiendo en sus negociaciones tienen severos problemas metodológicos. Por ejemplo, uno de ellos argumenta que el valor de las viviendas en la capital ha disminuido de 2018 a 2024. Esto es rotundamente falso. Según los datos del índice de precios de vivienda de la sociedad hipotecaria federal, el valor ha aumentado 46%. Esto es 10 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada.
Finalmente, está el argumento de que Airbnb le conviene a la Ciudad de México porque las plataformas pagan impuestos. Es verdad que los pagan. Pero también los pagarían, y en mayor medida, los hoteles formales que eventualmente tomarían la demanda turística de forma más ordenada y en terrenos de uso comercial.
En el fondo, el Gobierno de la Ciudad de México sabe todo esto, pero, temiendo “abrir un flanco opositor”, no actúa. Continúa en el diálogo infinito ―comandado por Alejandro Encinas a petición de Clara Brugada― negociando la aplicación de una ley que ya no debe negociarse porque ya es ley. Tal parece que se ha olvidado que el espacio de negociación fue meses atrás, en el congreso local, y ahí la voluntad de las mayorías fue regular a las plataformas. Hoy toca aplicar la ley.
Hay ciertos indicios de que el Gobierno de la capital no quiere aplicar la ley porque se ha convencido de que necesita de Airbnb para el mundial de fútbol. Este es un argumento francamente débil dado que México solo tendrá un par de partidos. Además, muchas ciudades del mundo han tenido grandes eventos deportivos con regulaciones aún más estrictas que las que se buscan implementar en la Ciudad de México. En última instancia, se podría permitir una excepción a Airbnb durante el tiempo del mundial.
En lo personal, no estoy en contra de que Airbnb exista. Sin embargo, considero imperante que exista de forma regulada a fin de que las rentas temporales sean eso, una forma secundaria y temporal del uso de la vivienda, no un caníbal de las viviendas de quienes habitan la capital de forma permanente.
En momentos como este vale recordar las palabras de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, quien hace poco escribió: “Quienes asumen el liderazgo de la gestión pública deben responder esta sencilla pregunta: ¿para quién deben ser las ciudades?” Y tener claridad sobre si deben ser para los turistas o para la vida cotidiana.
No tengo duda de que ante tal pregunta Clara Brugada respondería que la ciudad es nuestra, de quienes la vivimos de tiempo completo. Quizá es tiempo de que la jefa de Gobierno comande a Alejandro Encinas a terminar las discusiones interminables y proceda a hacer lo que toca: aplicar la ley.
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